La “guerra del GNC” (así se ha dado en llamar en Córdoba a la lucha por bajar los precios del combustible para ganar usuarios) sumaría un nuevo capítulo: una versión con sustento en el sector sostiene que un grupo de legisladores provinciales se encontraría evaluando hacer propio un Proyecto de Ley presentado por el Senador Nacional Juan Pérez Alsina para regular los valores del combustible gaseoso. 

El propósito de los parlamentarios sería igualar la pizarra en toda la provincia tomando como parámetro el importe al que se vende el metro de GNC en la ciudad Capital, un 80% más barato que en el interior. Y argumentan la propuesta con los dichos de algunos expendedores que aseguran que a ese precio la ecuación “les es rentable”.   

Alsina apuntó su iniciativa a lo que ocurría en la provincia de Salta, donde los aumentos en los surtidores eran frecuentes. “El GNC cuenta con una demanda atomizada y cautiva frente a una oferta concentrada y monopólica plasmada como combustible automotor”, expresa en su presentación. Por ello reclama “una respuesta de los organismos encargados de auditar el mercado que actúa sin controles y sin sanciones”. 

Y respalda su reclamo en el “cumplimiento del mandato constitucional de defender la competencia, evitar toda distorsión de los mercados y defender a los usuarios frente a los monopolios naturales y legales (Art. 42 C.N)”.  

Para los estacioneros el problema “es grave y no se avizora solución”. Denuncian que un grupo propietario de varias Bocas de Carga (concentran alrededor del 30 por ciento) rebajó el precio a niveles por debajo del costo generando una presión muy grande sobre las empresas más chicas, que para no perder clientela están obligados a igualarlos pero vendiendo a pérdida.   

Según la opinión de los operadores la materia prima en relación al precio del metro cúbico es de 45 centavos, mientras que los servicios representan otros 10 centavos, la mano de obra añade 30 centavos y quedan otros 20 centavos más de costos fijos para seguros, representaciones técnicas, amortizaciones, mantenimiento, gastos de administración y honorarios profesionales. Con esas cifras el costo mínimo ronda los $ 1,05 pesos. Esta situación incluso, motivó una presentación ante Defensa de la Competencia que aun no se ha pronunciado al respecto.    

Sin embargo los legisladores cordobeses se ubican al margen de la polémica y afirman que si a ese importe a algunos empresarios les genera un beneficio, los usuarios deberían gozar de la misma posibilidad en toda la geografía del territorio provincial.