Por: MARCELO A. SALEME MURAD
En éstos días, distintas Cámaras que nuclean a empresarios del expendio de combustibles han procedido a denunciar a la empresa que tiene la franquicia de una famosa tarjeta de crédito, porque, sostienen las Estaciones, abusa de posición dominante en el mercado, al efectuar los pagos con retraso y cobrar comisiones que, para el escueto margen de ganancia de una Estación de Servicio, son altas.
Pero, ¿es verdaderamente ése el problema? Por mi parte, entiendo modestamente que no. Me explico.
No se puede pretender que una empresa, financiera o de cualquier otra índole, trabaje sin cobrar. Por lo tanto la negativa de éstas a trabajar “gratis” tiene fundamento ético y legal.
Por otra parte, las normas que exigen la bancarización de los medios de pago, obligan a las Estaciones de Servicio –verdaderas víctimas finales del problema- a cobrar las cargas de combustibles por medio de tarjetas de crédito o débito, o transferencia bancaria; soportando todos los costos, impuestos y demoras de la operatoria.
Ambas cosas, tanto la exigencia de bancarizar cuanto los costos, son en su mayor medida, empujados exclusivamente para alimentar las ganancias del socio indeseado de los bancos y las estaciones: El Estado. Y es paradójicamente al Estado a través de Defensa de la Competencia a quien se le va a pedir que solucione el problema que el mismo Estado causó. La pregunta es: si el Estado a través de Defensa de la Competencia decide que pierdan las Estaciones de Servicio, ¿se habrá acabado el problema? No. Y si el Estado decide que pierdan las Tarjetas de Crédito, ¿se habrá acabado el problema? No. Pues en ningún caso un particular puede ser obligado por el Estado a trabajar a pérdida, sea Estación de Servicio o Banco.
Dijimos en notas anteriores que no se puede pedir a las Estaciones que soporten el costo de toda la operatoria; pero ello no quiere decir que se le cargue dicho costo a los Bancos. No se puede exigir a las empresas financieras que no cobren, porque ello no es legítimo. Además, el crédito –o sea el servicio que prestan las tarjetas- es el que viabiliza gran parte de las ventas; es decir: sin crédito, se perjudican las ventas y en definitiva cae la rentabilidad también de las estaciones.
Este socio indeseado, el Estado, se lleva no sólo la mayor parte del precio del combustible al contado, también se lleva ganancias cuando se financia la misma compra. Recordemos algo: el Estado cobra una serie de impuestos también sobre los resúmenes de tarjeta de crédito, que paga el consumidor; como por ejemplo IVA, por mencionar uno, cuya alícuota es el VEINTIUNO POR CIENTO (21 por ciento) de cada tramo. Eso además de los impuestos que ya cobra sobre el combustible. ¿Acaso no se conforma?.
Si el consumidor decide acudir a la financiación de su saldo, nuevamente una enorme cantidad de impuestos sobre intereses se genera a favor del Estado; no sólo los que paga el contribuyente, también las empresas financieras (Ganancias por ejemplo).
Por lo tanto, ése 1 o 1,5 por ciento de comisión que cobran las tarjetas; que es todo lo que le cobran a la Estación de Servicio; y que además representa entre un 10 y un 15 por ciento del margen del expendedor; viene a ser nada en comparación con la cantidad de recursos que se lleva el Estado por las mismas operaciones (es decir, venta y financiación del combustible).
Sobre lo que ganan las Estaciones y los Bancos, el Estado se lleva también suculentas tajadas, mediante impuestos con alícuotas de locura.
Este socio indeseado e insaciable, pues es socio en las ganancias solamente, es quien en definitiva va a tener que laudar entre dos particulares que discuten por márgenes ínfimos (individualmente considerados), cuando el Estado se lleva casi todo el pastel.
¿Por qué entonces, no reclamar los particulares (los mismos que hoy se pelean entre sí) al Estado que, en base al principio de no confiscatoriedad, e incluso de capacidad contributiva, disminuya la presión impositiva y permita así que ambas partes, Estaciones y Tarjetas de crédito, ganen por su trabajo?.
Este reclamo no debe hacerse a través del propio Poder Ejecutivo, sino a través del Judicial, quien seguramente debería acoger el pedido; puesto que no es descabellado pedir que el Estado deje de violar la Ley y la Constitución Nacional, haciendo inviable toda actividad económica.