Los legisladores del Frente de Izquierda PTS presentaron un Proyecto de Ley en el que proponen declarar de Interés Público todas las actividades destinadas a la distribución de gas, las cuales serán exclusivas de una empresa estatal creada a tal fin denominada ENDGA.
La iniciativa declara como derecho humano el acceso al servicio público de gas. En ese sentido, plantea nacionalizar la distribución, comercialización, adquisición e intercambio de gas así como la prestación del servicio público de gas en todo el ámbito y cualquier lugar de la nación.
“A tales fines efectuará estudios y proyectos y construirá las obras necesarias, explotará centrales generadoras de energía, manejará líneas de transmisión y estaciones transformadoras y operará redes de distribución”, sostiene el expediente que ya fue girado a las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda.
Asimismo establece derogar las concesiones a las Distribuidora de Gas Cuyana (ECOGAS), Metrogas, Gasnor, Gasnea, Litoral Gas, Distribuidora de Gas del Centro (ECOGAS), Gas Natural BAN, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, y todas aquellas que tengan el desarrollo de la actividad de distribución de gas.
“El sistema energético nacional tiene que estar bajo gestión y control de los trabajadores y técnicos, que mediante una votación directa elijan los órganos de dirección y administración. Además que debe comprender la participación de comités de usuarios populares. Su perspectiva debe ser que todo el pueblo trabajador pueda acceder a tarifas bajas, en una ruta hacia el abaratamiento permanente de los costos energéticos en base al desarrollo productivo”, sostuvo uno de sus impulsores, el legislador Nicolás del Caño.
En este sentido, afirma que para establecer una planificación racional es necesaria la estatización del sistema energético nacional, es decir de todas las etapas productivas: desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte hasta la distribución a los usuarios.
“Esta salida de fondo es la única capaz de frenar el saqueo y los tarifazos, terminando con la expropiación que estas empresas llevan adelante contra sobre los bolsillos del pueblo trabajador. Los servicios públicos son un derecho esencial cuya provisión no puede estar guiada por la lógica del lucro capitalista”, concluyó del Caño.