Ya pasaron casi dos meses del triste episodio vivido por un empleado de una expendedora de la localidad bonaerense de Bragado, quien por cumplir con la obligación que impone el municipio de negarse a cargar nafta a un motociclista que circulaba sin el casco reglamentario, recibió una feroz golpiza que lo dejó internado con una operación traumatológica que aún lo tiene inactivo.

El dueño de la Estación de Servicio Juan Aramendi, dialogó con surtidores sobre la salud del joven trabajador y además se quejó por el hecho de que “los delincuentes que casi matan a mi empleado están prófugos y no los pueden atrapar”, con lo cual, mantiene el temor de un nuevo ataque.

Agregó el estacionero que “cuando el fiscal se dignó a expedir la orden de captura de los cinco hermanos, ninguno de ellos estaba en la provincia y ahora no los pueden encontrar por ningún lado” y se lamentó por que “nos intiman a imponernos obligaciones que son de la policía municipal, la cual no nos brinda seguridad alguna”.

Informó que en municipios aledaños, hubo colegas que dijeron que las autoridades comunales se acercaron personalmente a las Estaciones de Servicio para “invitarlos” a colaborar con la tarea de control, por lo que advirtió que “en lugar de cuidarnos, profundizan las exigencias y hasta amenazan con multas por diferentes reglamentaciones”.

MIEDO AL BIDÓN

La consecuencia directa de que en los pueblos más alejados de la capital, la gente que no posee un transporte público eficiente, como así tampoco, el dinero necesario para mantener un automóvil, abunda en movilizarse con motos pequeñas y ciclomotores y sin ningún tipo de casco.

Advertidos de la regla, los conductores, bajan de sus motos en la puerta de la estación y piden que les llenen el bidón plástico de nafta, costumbre que si bien no está prohibida, genera un peligro latente en el momento de que el pico del surtidor ingresa al recipiente y se liberan los gases, que quedan expuestos a cualquier chispa del ambiente.

Por ello, el empresario alertó que es preciso reglamentar en estas cuestiones ya que “no podemos como particulares hacer el trabajo que por ley les corresponde a los funcionarios de los diferentes organismos de control”, finalizó.