En la provincia de Tucumán, los legisladores no se conforman con atribuirle a las Estaciones de Servicio responsabilidades propias del Estado como ser verificar que el motociclista cuente con casco protector para habilitar el despacho de combustibles. Ahora un Proyecto propone medidas más exigentes, como controlar que quienes lleguen al surtidor tengan chaleco refractario y el dominio del rodado.

En esa región, las motos se han transformado en un problema para la Policía y la Justicia. Es uno de los botines más codiciados de los últimos tiempos y es el medio de movilidad que más utilizan los arrebatadores para llenar de miedo e inseguridad las distintas ciudades.

En ese sentido, los responsables del área de Seguridad de la provincia están elaborando un proyecto para que sea tratado en la Legislatura. Regino Amado, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, había anticipado que el Poder Ejecutivo pediría el apoyo político para frenar los ilícitos que se cometen con y por estos rodados. Se trata de normas que servirán para declararles la guerra al motoarrebato y a los violentos asaltos.

“En una situación de emergencia se necesitan medidas extremas”, opinó Paul Hofer, secretario de Seguridad. “También es importante que a esta iniciativa se sumen los empresarios porque necesitamos de su colaboración. Que entiendan que hay que acabar con este tipo de delitos”

LEY NACIONAL

Un Proyecto del Bloque oficialista propuso modificar los Artículos 40 y 48 de la Ley de Tránsito referidos a los requisitos para poder circular.

Se trata de una iniciativa del legislador oficialista Guillermo Durand Cornejo basada en las crudas estadísticas de accidentes viales que dan testimonio de las imprudencias cometidas por los conductores de diferentes tipos de vehículos, que al margen de las diversas y diferentes causas, siempre se vinculan con la omisión del cumplimiento de la legislación vigente en la materia que tiene por objeto preservar las vidas humanas.

RECHAZO DE ESTACIONEROS Y EMPLEADOS

Trabajadores y empresarios están en desacuerdo con este tipo de medidas, en razón de las múltiples provocaciones y amenazas que recibe el personal cuando niega la carga. Para muestra basta reflejar lo sucedido en una boca de expendio de Río Cuarto cuando el operario fue agredido violentamente por un grupo de personas que reaccionaron de mala manera ante la negativa de ser abastecidos en esas condiciones.

El hecho, que se suma a tantos otros ocurridos por la misma causa, impulsó al sindicato que agrupa a recurrir a la Justicia para reclamar que se dé marcha atrás con la ordenanza.