Un Proyecto de Ley ingresado durante el recientemente finalizado período legislativo propone declarar de interés público la distribución y comercialización de combustibles líquidos. La iniciativa reclama normas legales y reglamentarias que aseguren el normal abastecimiento para los consumidores y una utilidad razonable para los operadores al por menor.

Para lograrlo, faculta al Poder Ejecutivo a adecuar las alícuotas impositivas aplicables a los combustibles líquidos dentro de las escalas vigentes según la Ley 23966 a las distintas regiones del país, teniendo en cuenta las distancias desde las refinerías y centros de almacenamiento y despacho, cuya finalidad sea la venta de productos petrolíferos para su distribución al por menor y prorrateando entre todos los consumidores los costos derivados de fletes u otros conceptos que influyan en los gastos de comercialización.

¿Cuales son las razones que impulsan la sanción de una propuesta de estas características?. Según explica su impulsor, el Diputado Nacional Víctor Hugo Maldonado, es a los efectos de establecer un precio uniforme en todo el país para cada tipo de combustible.

“Las grandes refinerías de Ensenada, Luján de Cuyo, Campana y Dock Sud son las mismas que ya existían hace 30 años. Se anunció la construcción de una nueva destilería de gasoil en 2006, pero no ha dado a luz como tantos otros anuncios. Por ello, todo el aumento del consumo tiene que ser cubierto con más importaciones, y resulta difícil congelar en pesos, el precio de un producto importado”, sostiene.

“Desde hace tiempo advertimos que por la falta de inversiones, seguirá creciendo el déficit energético. Hoy debemos bregar además para unificar el valor de los combustibles a nivel nacional, sin admitir que sean perpetuadas injustas diferencias de precios, en perjuicio del interior del país”, reclama Maldonado.

En ese sentido remarcó la prohibición de actos o conductas empresarias que tengan relación con la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, “tendientes a limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general”.

¿A qué prácticas hace referencia Maldonado? “Impedir o dificultar el acceso a los mercados de uno o más competidores; la interposición de barreras a la entrada al mercado nacional, regional o zonal de otra u otras empresas potencialmente competidoras; la fijación, determinación o variación en forma directa de precios con el objeto de aprovechar el poder de mercado que conjuntamente pueden obtener las empresas signatarias del acuerdo y limitar la competencia entre dichas empresas o la a limitación del desarrollo técnico o de las inversiones destinadas a la producción, distribución o comercialización de bienes y servicios del sector de los hidrocarburos con el objeto de restringir la oferta o manejar rentas monopólicas”, detalló el legislador.

Asimismo enumeró: el reparto arbitrario de zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento con el objeto de eludir la competencia; detener sin razón u obstaculizar el funcionamiento de los yacimientos o de las instalaciones de industrialización y transporte de hidrocarburos con el objeto de obtener ventajas anticompetitivas; toda actitud que tenga por objeto obtener una renta monopólica o una ventaja que distorsione la competencia de mercados de hidrocarburos líquidos y gaseosos y el aprovechamiento que realice una empresa productora de hidrocarburos del estado de dependencia económica en que se encuentre a su respecto a un establecimiento dedicado a la comercialización de hidrocarburos líquidos, en virtud de un contrato que estipule la exclusividad de marca.