Ya salió publicado en el boletín oficial el nuevo organigrama, a través del Decreto 231/2015. Se crearon numerosas dependencias, muchas de las cuales ponen el acento en la planificación energética. En lo que respecta al sector petrolero y combustibles, se destacan dos áreas: Subsecretaría de Exploración y Producción Oíl & Gas, a cargo de Marcos Pourteau; y la Subsecretaría de Refinación y Comercialización, bajo la conducción de Pablo Popik.

En exclusiva para surtidores.com.ar, Fabian Tobalo, experto en derecho energético, evalúa los cambios que implica respecto de la vieja organización dominada por el Ministerio de Planificación Federal que controlaba el arquitecto Julio de Vido.

¿Cómo evalúa el nuevo organigrama?

El Organigrama que establece el Decreto 231/15 no es más que un esquema de asignación de funciones administrativas, con objetivos por áreas de trabajo, y será necesario ver como la Administración centralizada nacional despliega esos roles y en qué iniciativas se van cristalizando las políticas públicas, en particular del sector de energía, que nos interesa; para lo cual todo análisis actual será conjetural. No obstante, podemos observar al menos en la estructura que delinea el Decreto mencionado, algunos cambios significativos de la dirección que parece adoptar el Gobierno.

¿Qué cambios implica en la distribución de funciones?

Se suprime el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Como sabemos, bajo ese ambicioso rótulo, la anterior Administración concentró amplísimas potestades y vastos recursos económicos en la persona del Ministro (vale decir, del Presidente), en lo que más bien semejó un sistema neofeudal centralizado, por cuyo medio las administraciones provinciales resignaban sus autonomías a cambio de obtener obras de infraestructura abastecidas con los crecientes recursos fiscales concentrados por el Estado Nacional. Resulta evidente, por sus resultados, el propósito de este esquema. La distribución arbitraria de obras de infraestructura, de subsidios y, en lo que nos ocupa, un grave retroceso del sector energético, en permanente crisis desde el año 2007 en adelante, con caída de producción de hidrocarburos, caída de inversiones en generación y distribución de energía eléctrica y gas; reiteradas situaciones próximas al black out en épocas de alta demanda eléctrica, déficit de balanza energética, esto último operando como principal causa de los controles de cambios establecidos desde fines de 2011, con efectos proyectados sobre toda la economía nacional, en recesión desde entonces.

¿Estas decisiones pasan ahora al Ministerio de Energía?

La desconcentración de esa estructura de poder es una novedad que no podemos pasar por alto. A la vez, y en una misma dirección la elevación de las Secretarías de Energía y Minería al rango Ministerial sugiere que las nuevas autoridades están asumiendo, al menos en esta instancia, la gravedad del desorden energético en que reciben la Administración nacional, asignando otra prioridad a esas áreas de gobierno.

En términos generales, la supresión del Ministerio de Planificación Federal, no solo parece ser efecto del evidente fracaso de la gestión a cargo de ese Ministerio. Si bien la materia energética engloba un conjunto de actividades sujetas a regulaciones estatales más o menos fuertes, aún en economías abiertas y regidas según principios de libre mercado; la terminología que se advierte en la norma bajo comentario sugiere una revalorización del mercado como mecanismo de asignación de recursos escasos, en el que la competencia juega un rol central.

¿La estructura misma acentúa el interés de avanzar hacia un esquema de libre mercado?

Esto es lo que sugiere, por caso, los objetivos establecidos para la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, en cuanto refiere al objetivo de promover “políticas de competencia y de eficiencia en la asignación de recursos” en un “mercado desregulado de hidrocarburos”. Para esto veremos qué suerte sigue el Decreto 1277/12, y otras normas conexas, que lógicamente deberían ser objeto de derogación más o menos inmediata.

 Obviamente que la desregulación del mercado energético, cabe esperar, operará dentro de los límites lógicos de este área de la economía, como dijimos, sujeta a considerable intervención estatal, aun en economías abiertas y competitivas. En el terreno de la conjetura, suponemos que en lo inmediato puede esperarse una revalorización del libre mercado y la competencia como sistema de adjudicación de recursos (inversiones) basado en el sinceramiento del sistema de precios, tal como ocurre en otros países (Europa, Estados Unidos, sudeste asiático, México, Colombia, Perú, Chile, entre los países de nuestra región) alejándonos de las distorsiones de precios que caracterizaron la última década, con las consecuencias que conocemos.

Veremos, también, si la nueva Administración revaloriza el rol de la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia; la otra cara de la moneda del sistema de libre mercado. No hay libre mercado eficiente sin una autoridad fuerte de la política antimonopolio. En un esquema como el que se estaría abandonando, basado en la “planificación” y alejado del mercado, como sistema de asignación de recursos, lógicamente la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia quedó relegada a mero apéndice de la Secretaría de Comercio, sin iniciativa ni autonomía. Sabido es que Planificación y Competencia, son principios antagónicos de organización de la Economía. A mayor planificación, menos competencia, y viceversa.

 Obviamente, nadie postulará con seriedad la eliminación de la planificación, menos en materia energética, pero el péndulo parece orientarse hacia un mayor protagonismo de los mecanismos de libre mercado en materia de energía, en lo que el sinceramiento de tarifas y la eliminación de subsidios irracionales, destaca como un piso de marcha y señal tanto para atraer inversiones, como para orientar el consumo de recursos siempre escasos.

¿Y en las estaciones de servicio? ¿Cómo impacta?

Es difícil arriesgar un pronóstico, pero puede esperarse que el mercado Downstream de líquidos vaya hacia una apertura, restringiendo la actual interferencia de los grandes operadores en el mercado minorista, y aumentando la competencia en el mismo, incompatible con la red de distribución consignada de la principal operadora.

En cuanto al área competente para la regulación del sector de expendio, parece claro que la Subsecretaría de Refinación y Comercialización, dependiente de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, tendrá el rol específico en lo atinente a la actividad de las estaciones de servicio.