La publicación en el Boletín Oficial del decreto 171/2017 que reglamenta las obligaciones de los conductores de motovehículos disparó críticas desde todos los sectores de la actividad relacionada a la comercialización de combustibles.

Una de las entidades que más cuestionó la medida fue la Cámara de Expendedores de Rosario (CESGAR). Su Presidente Marcelo Herrero, fustigó la normativa resaltando que “no fuimos convocados ni consultados para una normativa de este tipo, que traslada en los hechos el poder de policía en los empleados de las Estaciones de Servicio”.

CESGAR es miembro del Consejo de la Sociedad Civil Para la Seguridad, organismo consultivo creado a instancias de Ministerio de Seguridad de la Nación. Por lo tanto consideran que el nuevo decreto es intempestivo y de imposible cumplimiento, por tanto los empleados no tienen los elementos técnicos y físicos para hacer cumplir las normas de circulación de motovehículos.

La institución rosarina ya tomó cartas en el asunto, enviando una nota con carácter de urgencia a Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, solicitando la revisión de la norma y la búsqueda de una respuesta consensuada con las instituciones representativas del sector expendedor.

Herrero resaltó la experiencia positiva desarrollada en la ciudad de Rosario, con amplios resultados: “Hemos impulsado la implementación del retiro de manejo de efectivo en turnos nocturnos, la utilización de transportes de caudales para la circulación del dinero, la coordinación con fuerzas policiales, entre otras iniciativas. Los resultados nos avalan: Pasamos de una frecuencia de robos de entre 4 a 5 semanales, a un indicador de los más bajos de los últimos tiempos, a razón de 4 robos semestrales”.

Finalmente, el directivo señaló que “el poder de policía del Estado no puede trasladarse a nuestro sector, poniendo en riesgo la integridad física de nuestros empleados a quienes estamos comprometidos en cuidar y defender”.

TRABAJADORES EN ALERTA

El Sindicato Petrolero de Córdoba (Sinpecor) también expresó su rechazo al Decreto 171/2017 que reglamenta la Ley de Tránsito para todo el territorio argentino. Asegura que esta nueva disposición no hace más que transferir el poder de Policía que debe cumplir el Estado en los privados, en este caso propietarios de Estaciones de Servicio y, por consiguiente, a sus trabajadores dependientes.

“No se puede delegar el poder de la Policía y el control municipal al trabajador, primero porque es ilegal, pero además porque el trabajador tiene una serie de tareas a tener en cuenta en su función, como lo es controlar las medidas de seguridad en la estación como para tener que ponerse a discutir con un conductor que no tenga casco o chaleco identificatorio”, expresó Guillermo Borelli, Secretario General de Sinpecor.