En el marco del Acuerdo Ciudadano y el Programa Vivir Seguro, la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana del municipio de la ciudad de Avellaneda, en Santa Fe, renovó los convenios de compromiso “Sin casco no hay nafta ” con las estaciones de servicio de dicha localidad.

Alberto Boz, presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (FAENI) no se opone a este tipo de iniciativas, a excepción de que se establezcan multas contra las bocas de expendio. “Hay que tener criterio”, sostiene.

Está de acuerdo siempre y cuando la medida no signifique un arma de recaudación fiscal por parte de las autoridades. El temor es a las gravosas actas de infracción que labran los sabuesos que visitan en forma incógnita a las estaciones de servicio.

“Hay que entender que no es simple de implementar y además peligroso”, explica el dirigente ante la consulta de surtidores.com.ar. Basa su opinión en relación a las complicaciones que se pueden generar con el personal en “zonas calientes” de Rosario, Santa Fe u otras localidades grandes del país.

Un cliente enfurecido por no conseguir combustible puede desatar una situación de violencia con el playero, que asegura es difícil de resolver. “Coincidimos en los convenios de cooperación y de buena voluntad que plantean concientizar sobre el uso del casco”, diferencia.

En definitiva, los estacioneros están dispuestos a colaborar pero a través de campañas de difusión y educación vial sobre la importancia de utilizar elementos de protección. Lo que no aceptan es estar sujetos multas o clausuras, como prevén en general los proyectos municipales.

En ocasiones, esta restricción provoca más de un dolor de cabeza. Primero al empleado, que debe exponerse en un buen número de casos a la agresión de quien está impedido por la ley de abastecerse. Y en última instancia al empresario, que debe hacerse cargo del pago de una multa.