En contextos inflacionarios todos los sectores pujan para no perder su porción de la  torta. El caso más emblemático en Argentina es el de los salarios. Acosada por una inflación de las más altas del mundo, la economía argentina ha seguido siempre caminos tortuosos, andado y desandado políticas en sentidos totalmente inversos con breves intervalos de tiempo entre una política y su opuesta, teniendo como única constante la incertidumbre. La negociación salarial en nuestro país siempre está teñida con el color político del gobierno de turno. Generalmente peronistas.

Tal vez la principal forma que encontró Perón de perpetuarse, su mayor acierto para eternizarse, fue colonizar políticamente los gremios y consecuentemente la central obrera argentina. En la época en que Perón pergeñó el plan, el enemigo era el comunismo, por ello era preferible un populismo anticomunista, a un movimiento obrero plegado al totalitarismo soviético. En ése aspecto, el peronismo –al igual que los populismos fascistas europeos- fue preferible a los movimientos comunistas que avanzaban en todo el mundo. Esa valla de contención, pasado el peligro comunista y, finalmente, devenida la caída del muro de Berlín, se convirtió en un lastre que hace inviable cualquier vestigio democratizador del movimiento obrero. Para ser sindicalista se “debe” ser, necesariamente, peronista.

Así entonces, los gobiernos no peronistas se las ven en figurillas para dialogar con los sindicatos, ya que en toda negociación o “pulseada”, está presente la pelea política; y los motivos realmente económicos, la defensa del salario y de las famosas “conquistas sociales” (que en realidad Perón calcó de Irigoyen), quedan siempre en segundo plano. Por eso los paros, la protesta, (hablo de la protesta legítima), obedecen a un mandato centralizado que se imparte políticamente y se consensúa con los “líderes” del peronismo.  Es decir, la principal oposición política peronista a cualquier gobierno no peronista, pasa por el movimiento obrero.

Esto nos trae al presente; en donde un gobierno no peronista intenta en vano salir del populismo. La actualidad discusión salarial docente, teñida de un clarísimo contenido político, ya se ha desmadrado totalmente; y amenaza con llevar a todos los sindicatos a una lucha frontal contra el gobierno de Macri, sólo por mostrar “solidaridad” con los “compañeros” docentes. Es decir, puramente un contenido político.

Así entonces, el grave peligro de ésta situación lo corre el empresariado, preso de un monopolio de representación de trabajadores que hace de las paritarias un mero escenario en donde en realidad lo que se negocia es muy poco, y lo que se impone es mucho.  Poco importa si la empresa es productiva, si puede pagar los salarios convenidos, o si puede incluso sobrevivir. El avance político del peronismo-populismo llegó a tal punto que impide en la práctica los convenios por empresa; y la “prohibición de despedir”, que vendría a ser una especie de Frankenstein laboral que ampara al inútil, al ineficiente, e incluso al trabajador deshonesto, y condena a la empresa al fracaso, se acepta hoy como moneda corriente. Tampoco se han tocado los costos de los despidos, pasivo contingente que es la espada de Damocles de toda empresa argentina.

Vale decir: no importa la fuente de trabajo, que es lo más importante; sólo se discute el monto monetario (valor nominal) del salario.

Por otra parte, la inflación que hace justificable, en principio, la discusión salarial en general y en abstracto; termina distorsionando terriblemente los costos empresarios, y trasladando éstos a los precios, generando más inflación, en un círculo vicioso que hace por lo menos setenta años afecta al país.

Incluso ya no importa la buena voluntad del representante del Sindicato, porque “las bases” lo presionan para que consiga el salario más alto para que el gremio siga representando a la actividad. Y ésta especie de competencia entre gremios, que no reconoce ninguna razonabilidad, es incluso aceptada por los representantes de las empresas, muchas veces forzadamente y otras no tanto; mientras el Gobierno mira “para otro lado”, si es peronista, o bien resulta un espectador impotente si es de otro signo político pues no desea pagar “el costo político” de enfrentar de una buena vez a la burocracia sindical.

El Ministerio de Trabajo homologa todo lo que le propongan los gremios. Y es sabido el caos de convenios colectivos existente en todas las ramas de la actividad económica, con superposición de jurisdicciones, de representaciones, de normas, y de todo lo que pueda superponerse; porque, de todos modos, el convenio laboral aplicable es el que pacte “mejores condiciones” para el “trabajador” (léase dependiente). Mientras tanto, la democratización del país parece no haber llegado nunca a los sindicatos, que siguen siendo un bastión inconquistable para quien no haga de la “liturgia peronista” su religión.

Igual sucede con la justicia del trabajo, por llamarla de alguna manera, ya que lo único que tiene que hacer quien se dice “trabajador” es una demanda (que no tiene costos), y pesa sobre el empleador una carga de la prueba invertida que actúa como una verdadera “prueba diabólica”.

Y allí se inscribe la lucha de los empresarios del expendio minorista de combustibles con un gremio cuyo representante integra la cúpula de la CGT, que ha adquirido un poder sin precedentes. Cuando escuchamos a los representantes del sector empresario anunciar que “se vienen despidos”, no podemos dejar de pensar que seguramente la reacción sindical no se hará esperar. Es impensable que la cúpula de la CGT permita despidos en el sector que representa el Sr. Carlos Acuña, porque eso debilitaría a la propia conducción cegetista. Es decir que más allá de la buena voluntad que pueda tener Acuña, un histórico y experimentado representante del sector obrero de estaciones de servicio, existe un gran condicionamiento político para éste que le hará seguramente endurecer sus posturas. Y no estará solo.

La única solución para el problema de la fijación de los salarios es la efectiva democratización de la representación obrera, la despolitización partidaria de los gremios, la existencia de sindicatos y convenios por empresa, la libre discusión salarial sin intervención estatal, y la efectiva aplicación de las sanciones por abuso de la personería gremial por parte del Ministerio de Trabajo. Fijado el salario mínimo vital y móvil por la autoridad de aplicación, el resto tiene que ser acordado libremente entre los empresarios y los empleados. Y que se apliquen al derecho laboral los principios probatorios del derecho civil, sin privilegiar indebidamente a nadie pues, según la Constitución Argentina, todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley. Tal vez así, sólo así, pueda adquirir alguna razonabilidad la discusión salarial en Argentina.

Mientras tanto, las Cámaras que representan al sector de Estaciones de Servicios se encuentran en una clara situación de inferioridad frente a las petroleras (que cada vez exigen más, bajan comisiones y esmerilan el negocio copando los nichos aún prósperos), el Estado (que históricamente sólo se ha hecho presente para recaudar), los Sindicatos (hoy más fuertes que nunca), y nuevas exigencias ridículas como la exigencia a los motociclistas del uso de casco, convirtiendo al personal de la Estación en policías de tránsito, etc.  Es evidente que el negocio de la estación de servicios de propietarios independientes se achica año a año, y seguirá así, más aún teniendo en cuenta el advenimiento de nuevos combustibles que van a ir disminuyendo el consumo del hidrocarburo. Las culpas del empresariado del sector, principalmente el egoísmo o la comodidad, han sido eficientes para conseguir éstos resultados. Es muy de nosotros los argentinos el “no te metás”. Y así estamos.

He sostenido que la mejor opción como solución de fondo para el sector empresario del expendio de combustibles, es que  las Cámaras que los nuclean se conviertan en verdaderas Agrupaciones de Colaboración Empresaria, adquirir relevancia y significación económica para ingresar a una economía de escala y poder negociar efectivamente frente a todos los poderes que hoy, concentrados, jaquean al empresario independiente. Para ello es vital dejar el egoísmo y la visión “pequeña” de lado. Porque en ésta maraña política, económica y jurídica, reina la “ley del más fuerte”.

Por MARCELO A. SALEME MURAD

Especialista en Asesoramiento de Empresas de Hidrocarburos

Especialista en Derecho Tributario