El legislador sanjuanino viene mostrando su preocupación desde hace bastante tiempo por el tema combustibles. En el año 2016, el actual Vicepresidente de la Cámara de Diputados,  junto a su par y coterráneo, ya fallecido, Daniel Tomas, mantuvieron varias reuniones con miembros de CECHA donde, atento a la realidad que vive el sector, presentaron un Proyecto de Ley para mejorar la competitividad del negocio del GNC.

La iniciativa legislativa presentada por Gioja y Tomas, identificada con el número  D-5023-16, propone modificar aspectos relacionados con los impuestos que se le aplica a la comercialización del gas vehicular y alivianar las cargas tanto a los estacioneros como a los clientes.

Al respecto sostuvo: “el GNC es un combustible amigable con el medio ambiente, cuya utilización debe ser promovida por las políticas públicas del Estado. Su precio relativo permite una alta competitividad de diversas actividades, generalmente desarrolladas por los sectores más vulnerables de la sociedad, sin el cual las mismas se condenarían a desaparecer como tales. Esta concentración del mercado también corre riesgo de ocurrir en las bocas de expendio”.

Por otra parte, la polémica por las idas y venidas del acuerdo de precios de combustibles entre el gobierno y las petroleras, también fue tema de análisis del diputado peronista. “Presentamos un pedido de informes al Poder Ejecutivo un día antes que el Gobierno Nacional desestimara el acuerdo secreto firmado con empresas del sector de los combustibles el  8 de mayo”, señaló.

Consultado acerca de las razones de esta solicitud, Gioja, afirmó: “esto que ha hecho el Gobierno Nacional es de una gravedad institucional inusitada, no respeta el más mínimo derecho republicano consagrado en nuestra Constitución Nacional. Debe explicar por qué aquel acuerdo de precios quedó afuera de la Ley de Acceso a la Información, que hasta donde se sabe tiene el carácter de ser bastante turbio“, y agregó que “lo único cierto es que este Gobierno liberó el precio de los combustibles y los dejó librado a las leyes del  mercado, el resto forma parte de un arreglo que tiene visos de ser espurio y que lo más probable es que no se cumpla, como quedó demostrado“.

En la iniciativa legislativa, registrada como D-3381/18, se reclama que el Poder Ejecutivo informe sobre 6 puntos:

1. Que dicho Acuerdo sea remitido en copia fiel a la Cámara de Diputados.
2. Que se indique en qué fecha fue suscripto el referido Acuerdo.
3. Que se señale quiénes fueron las partes que lo suscribieron.
4. Que se expliquen los motivos o causas por los que no fue publicado el Acuerdo. Asimismo, se justifique por qué se exceptuó de la aplicación de la ley 27275.
5. Que se precise el plazo de vigencia del Acuerdo.
6. Que se estipule las condiciones del Acuerdo, con detalle de los precios de combustibles a suspender y las formas de compensación dispuestas para las empresas participantes.