A pesar de que la jornada de trabajo para avanzar en el tratamiento del Proyecto de Ley de Comercialización de Combustibles, con el objeto de proteger a las pymes independientes del mercado minorista, dejó  “gusto a poco” entre los dirigentes del sector estacionero, pudo abrirse una puerta para que los asesores legislativos se pongan al tanto del problema del denominado pasivo ambiental, por un lado y por el otro, la seguridad y capacitación de los empleados para enfrentar este problema.

Tanto sindicalistas como empresarios que estuvieron cara a cara con los integrantes de la Comisión de Energía y Combustibles del Congreso Nacional, coincidieron en detallar a los enviados de los diputados los puntos principales de un problema que va creciendo “silenciosamente” y que pude derivar en un daño medioambiental para las grandes urbes.

Es por ello, que reclamaron que tanto el Estado como las petroleras, asuman el riesgo que los tanques en desuso y los establecimientos que llevan largo tiempo cerrados a causa de la falta de rentabilidad y generan graves contaminaciones en las napas y en el aire que los ciudadanos respiran, que por ley debe solucionarse mediante el procedimiento de “remediación”.

Sucede que en la gran mayoría de los casos, los locales de expendio de combustible que dejan de funcionar suelen ser vendidos para emprendimientos inmobiliarios como edificios de departamentos.

Pero las operaciones de venta quedan casi siempre truncadas ya que no se puede construir viviendas sobre una base “contaminada” de todo tipo de químicos provenientes de los hidrocarburos de la Estación de Servicio abandonada.

La cuestión pasa por el hecho de que los empresarios no cuentan con la millonaria cifra que demanda una limpieza completa de los terrenos en donde funcionaban las viejas bocas de expendio y por ende, se transforman en parte del paisaje urbano.

De esta forma, en la charla mantenida con los especialistas de la Comisión de Diputados, surgió la importancia de dos artículos que están en el proyecto que desde hace una década, gremio y CECHA vienen batallando por obtener dictamen y lo traten los legisladores.

De acuerdo al artículo 11, “el Poder Ejecutivo dispondrá la creación de un fondo destinado a financiar las operaciones de remediación de suelo de los inmuebles utilizados para la explotación de estaciones de servicio y/o bocas de expendio de combustibles”.

A su vez, el articulo 12 establece: “El fondo destinado a financiar las operaciones de remediación del suelo de los inmuebles utilizados se conformará por un 0.2  por ciento del monto total de los combustibles comercializados al público a través de las Estaciones de Servicio a valor precio al público en surtidor”.

También, el artículo 15 expresa: “El Instituto de Capacitación y Formación Profesional del Personal de Estaciones de Servicio debe financiarse mediante un aporte obligatorio del 0,2 por ciento sobre el total facturado por las empresas petroleras y distribuidoras mayoristas en concepto de venta de combustibles a los comercializadores, tanto mayoristas como minoristas, con destino a la reventa, como así también sobre lo facturado a consumidores directos”.

“Dentro de la ley se prevé un fondo que promueve la salud de los trabajadores que a la vez se utiliza por parte de los dueños de Estaciones de Servicio, para remediar el suelo en el sentido de que también se está protegiendo al medioambiente”, explicó a surtidores el Asesor técnico de SOESGYPE, Ing. Héctor Bañuelos.

Agregó que “el trabajador está siempre expuesto a residuos peligrosos y a condiciones muy estrictas de seguridad ambiental para cuidar su salud”.

En ese mismo sentido finalmente, Carlos Gold, Presidente de CECHA, alegó que “el principal problema es que las petroleras se niegan a invertir en este ítem y pretenden que los pequeños estacioneros paguemos por algo que se nos torna imposible de hacer frente”.