El pasado viernes, representantes de la Federación de Entidades de Combustibles, se acercaron a la sede de la Municipalidad de Lanús, para advertirle al Intendente Néstor Grindetti a través de una carta, sobre los peligros hacia la integridad física de los playeros y estacioneros que implica la ordenanza tendiente a controlar el delito a través del uso de motocicletas.

El texto, firmado por el Presidente de FEC, Juan Carlos Basílico y elaborado por los asesores letrados de la institución, conlleva el apoyo incondicional del SOESGyPE. Alude que “en primer lugar, los dirigentes de la institución se encuentran seriamente interesados en la adopción de medidas que incrementen la seguridad pública, dado que, como es de notorio conocimiento, los establecimientos que titularizan nuestros representados resultan blanco frecuente de hechos delictivos, y se encuentran altamente expuestos a los mismos, dada la modalidad de su operatoria de atención al público y su extensa jornada comercial”.

Sin embargo, aclaran que a pesar que se encuentran altamente expuestos a actos delictivos, “no nos persuade de procedencia, ni legitimidad de poner a cargo de los titulares de Estaciones de Servicio, ni a los empleados, el desempeño de funciones públicas, como lo es el contralor del uso de elementos de identificación personal para personas transportadas en motovehículos”.

Con énfasis alertaron al jefe comunal que “por mandato constitucional, ningún servicio personal es exigible sino en virtud de Ley o de sentencia fundada en Ley (art. 17 C.N.), lo que patentiza la ilegitimidad de cualquier acto administrativo, de alcance individual o general, que imponga el ejercicio de una función pública o poder de policía en cabeza de particulares”.

Asegura la misiva que “nuestros representados, carecen de la potestad y el imperio propio de la Autoridad pública, y mal puede pretenderse delegar en los mismos la vigilancia del cumplimiento de normas obligatorias, cuando carecen de la posibilidad de sostener tal encargo en el uso de la fuerza pública, solo reservada al Estado”.

Pero el argumento de los expendedores bonaerenses, no se limita a la mera protesta negativa, sino que además propone un proyecto para aportar soluciones efectivas al flagelo de la inseguridad de acuerdo a lo que los consideran los carriles precisos.

De esa manera, la iniciativa que se le acercó a Grindetti, pasa por lo mismo que anteriormente fuera propuesto por FEC al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, por la cual, se ofrece “la colaboración de nuestros representados en la implementación de una red de monitoreo por video con base en las Estaciones de Servicio del Partido de La Plata, propuesta que hacemos extensiva a ese Departamento Ejecutivo a vuestro cargo”.

Vale decir que a la par de las gestiones empresarias contra la forma de reglamentación del decreto nacional que busca aminorar el impacto de los delitos en moto, el Sindicato de Estaciones de Servicio prepara medidas de fuerza y acciones en la justicia para “defender a sus afiliados”, tema desarrollado en otro artículo específico de surtidores.