Las Estaciones de Gas Natural Comprimido exteriorizarán los argumentos que derivaron en la crítica situación que atraviesan al momento de la redacción de la Resolución que el ENARGAS elaborará como consecuencia de la realización de la Audiencia Pública que fijará los nuevos precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) y el destinado a la distribución por redes.

La presentación de los empresarios se centrará en rechazar cualquier traslado a las tarifas, ya que aseguran, “serán sumamente perjudiciales para el sector”. Apuntan a que el ajuste de abril provocó la paralización casi total en algunos eslabones de la cadena de valor del GNC y se verifican fuertes pérdidas en otros, debido a los exorbitantes incrementos sufridos (en el precio del gas en boca de pozo y sobre todo en el valor que alcanzaron los impuestos, que hacen imposible el traslado en su totalidad al precio de venta al público). “También se comprobó una pronunciada baja en los volúmenes de venta que han experimentado las Estaciones de Expendio de GNC”, advierten.

Explican que el aumento en el precio del gas en boca de pozo con destino al GNC fue del orden del 354 por ciento (mientras que el de la nafta súper sufrió una variación de solo el 30) y la suba en el precio del gas natural que le deben abonar los estacioneros a sus Distribuidoras fue del orden del 464 por ciento, que pasó de 1,25 $/m3 a 5,80 $/m3, en el que casi la mitad corresponde a la incidencia de los impuestos internos.

“Que los usuarios de un servicio público deban afrontar el costo real del servicio es una cosa, pero que se vean obligados a soportar una carga impositiva casi equivalente al precio del gas en boca de pozo más el costo del transporte y la distribución es absolutamente distorsivo e insostenible en el tiempo. Cada 100.000 pesos que se deben abonar por los costos asociados con el gas se deben abonar otros 90.000 pesos en concepto de impuestos”, puntualizan.

En ese sentido, los empresarios no dudan en señalar que las medidas adoptadas por el Ministerio de Energía y Minería apuntaban y apuntan hoy directamente a la destrucción de la industria del GNC y cuando ello se concrete se generará un malestar social de gran impacto a nivel nacional y con consecuencias que resultan difíciles de cuantificar.

Alertan que afectará no sólo a los 50.000 puestos de trabajo involucrados de manera directa, sino que también perjudicará a cada uno de los usuarios del GNC y a su grupo familiar, es decir que impactará en más de 7.000.000 de personas, en su mayoría usuarios intensivos, que por utilizar como herramienta de trabajo un vehículo impulsado con GNC ahora se ven obligados a abonar anualmente unos $30.000 millones de pesos que antes podían ahorrar para volcar directamente al consumo y de ese modo generaban una actividad económica con impacto directo en el PBI de la Argentina.

“No puede aceptarse que por una decisión impulsada por el Ministro de Energía y Minería se produzca -dentro de un breve lapso- el cierre, pues el estancamiento ya se ha producido, de una industria que cuenta con cuantiosas inversiones concretadas por el sector privado a lo largo de los últimos treinta años”, sentenciaron finalmente.