Más de la mitad del precio de cada litro de nafta o gasoil que se expende en nuestro país corresponde a impuestos. Esta es una de las principales causas que encarece su valor en el surtidor y provoca que la Argentina se ubique entre las naciones más caras del mundo en este rubro.

Para mitigar su impacto en el bolsillo de los automovilistas, el Gobierno analiza distintas alternativas –además de alinear el crudo local a las referencias internacionales- relacionadas a reducir la carga tributaria.

Este aspecto alteraría la transferencia de recursos que reciben las provincias productoras, muchas de las cuales pueden sostener sus economías gracias a este ingreso. ¿Qué sucedería si se aplica una baja de la imposición? ¿Cómo impactaría en la recaudación?

Cristian Folgar, ex Subsecretario de Combustibles de la Nación, opina que “lo ideal sería que el impuesto sea proporcional al valor desde una perspectiva integral o sistémica”. Agrega el especialista que “las empresas petroleras y las refinadoras muchas veces elaboraron propuestas para que los impuestos bajen cuando sube el crudo de modo tal que cobren más sin que el público pague menos. La diferencia se logra reduciendo impuestos, ante una baja en el precio del crudo los impuestos volverían a su nivel normal”.

Sin embargo aclara que desde un punto de vista macroeconómico se agregan algunas cuestiones, como por ejemplo de dónde saca el estado los recursos si baja la carga impositiva. “¿Querrán los gobernadores tener menos disponibilidad cuando el valor del petróleo sube? ¿Cómo se financian planes plurianuales de obras si los ingresos fluctúan de esa manera? ¿Dejaríamos de hacer obras hídricas cuando sube el petróleo”, se pregunta Folgar.

En este sentido, afirma que cualquier análisis impositivo es válido pero no hay que mirarlo solo desde la óptica del sector que lo propone (en este caso los productores y refinadores), sino que hay que hacerlo en su conjunto.

“Que esta sea una propuesta histórica de cierto sector de la industria de ningún modo la invalida, solo digo que debe analizarse globalmente mirando sus efectos macroeconómicos. Cuando hablamos de impuestos debe primar siempre el interés general por encima de las visiones sectoriales”, enfatizó.

A su turno, el ex funcionario Alberto Fiandesio propuso dos variables: un sistema con base imponible (precio en planta por ejemplo) y alícuota, como el actual, o, en su defecto, un valor fijo para cada combustible (por ejemplo $ 7 por litro de nafta de súper) como el que existía hace más de 10 años. “El primero tiene la ventaja de que se actualiza el impuesto automáticamente cada vez que sube el precio en planta. Por el contrario, al segundo hay que actualizarlo por decreto cada vez que la inflación lo desactualiza”, precisa.

Hoy se renueva automáticamente cada vez que un refinador cambia el precio en planta de despacho sin impuesto. “El impuesto que finalmente se paga es distinto, en pesos por litro, para cada refinador porque, si bien la alícuota que se aplica es la misma para todos, el precio en planta es libre y depende de cada empresa”, esclareció Fiandesio.