Luego de que se conociera la decisión del BCRA por la cual, las Estaciones de Servicio, al igual que  los supermercados y demás comercios y entidades no bancarias, puedan instalar sus cajeros automáticos y cargarlos con su propia recaudación, el vicepresidente de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Argentina, Federico Ricci, adelantó que a primera vista “resultaría beneficioso para el sector”.

Sin embargo, el empresario mendocino, aclaró que “todavía no analizamos la letra chica de la disposición y hay muchos puntos que debemos aclarar para emitir una opinión definitiva a nivel institucional”.

Entre esos detalles que merecen análisis, el estacionero nombró a los costos fijos que implicaría mantener una estructura de este tipo en un comercio por cuenta propia y también, calculó que “el precio de venta del cajero seguramente es muy alto”, con lo cual se planteó si es posible que cualquier expendedora pueda contar con dicho servicio.

“Hoy en día somos muchos los operadores del país que poseemos instalados cajeros automáticos en los establecimientos, pero a través de convenios con entidades bancarias y deberemos conocer e interpretar la nueva norma para realmente saber si es más conveniente tener nuestros propias terminales de dinero electrónico en lugar de los convenios con los bancos”, estimó Ricci.

En ese sentido adelantó que en la próxima asamblea de CECHA, que se llevará a cabo el jueves próximo, se dedicará un espacio para debatir con los técnicos de la institución la forma de implementación, las facilidades para la adquisición y los beneficios o dificultades que esta posibilidad implica.

Según explicó la entidad monetaria, la intención del Estado Nacional de promover la instalación de cajeros electrónicos en Estaciones de Servicio es que los consumidores “se acostumbren a utilizar más organizadamente el dinero en efectivo y se profundicen los controles sobre las transacciones, en especial, en localidades que aún ni siquiera tienen terminales cercanas, cuyos habitantes deben trasladarse a otros municipios una vez por mes para retirar la totalidad del sueldo, provocando muchas veces un manejo perjudicial de los fondos familiares”.