17 legisladores nacionales, todos ellos del Frente para la Victoria, reclamaron a través de un proyecto de Ley (5794-D-2018) [1], que se declare la a Emergencia para los Usuarios Viales en todo el territorio nacional.
De aprobarse la medida en cuestión, se suspenden los aumentos de combustibles derivados del petróleo por el término de un año, y el precio máximo de referencia para el litro de naftas o gasoil debe retrotraerse, durante la vigencia de ley, al publicado por la empresa YPF al día 30 de diciembre de 2017, tanto mayorista como minorista.
Concretamente, la iniciativa establece que queda a cargo del Poder Ejecutivo la adopción de las medidas que estime necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto.
Según explican en el texto, “la situación de emergencia afecta duramente a las más amplias capas de la sociedad y repercutiendo en los sectores más vulnerables, así como en los vinculados al empleo, a la producción y al comercio en general, se hace cada vez más evidente en la cotidianeidad de la vida de quienes habitan nuestro país”.
“Nos asiste el convencimiento de que la propuesta no sólo constituirá un paliativo para un colectivo enorme de la población que se desplaza cotidianamente con sus vehículos, en general por razones laborales, sino que además generarán un efecto favorecedor para la economía nacional en general, puesto que se aminorarán indudablemente los costos, entre otros, de la logística y la distribución de productos, lo que puede producir un efecto de descompresión sobre la inflación y el costo de vida”, explicaron sus impulsores.
“Ponerle un freno al proceso de empobrecimiento económico, sanitario, educativo y cultural que preconizan los herederos de la Escuela Chicago, es tal vez el principal imperativo para comenzar a revertir el ciclo. Este Congreso debe asumir su responsabilidad histórica sin especulaciones mezquinas. Las grandes mayorías sociales lo necesitan de forma cada vez más urgente”, concluye el proyecto.