“En nuestro Carácter de integrantes de la Comisión Normalizadora de FECRA (Federación de Empresarios del Combustible de la República Argentina), nos dirigimos a Uds. por este medio, a fin de  comunicar que nos encontramos en plena tarea de normalización de la entidad.”, expresó el comunicado oficial enviado a surtidores por los delegados normalizadores, nombrados por la Justicia.

En dicha misiva, los firmantes explicaron que “los avances se dan semana a semana, continuando con los lineamientos marcados por  la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires”.

Agregaron también que “los próximos pasos resultan de suma importancia  para cumplir la tarea asignada, una auditoría que nos indique certezas respecto a las finanzas de FECRA y la normalización y puesta en valor del padrón de afiliados”.

Aseguraron además que “una vez cumplido ello, estaremos en condiciones de convocar a una asamblea que definitivamente asuma los destinos de la Entidad”.

Continuaron detallando que “en adelante y con los avances que se susciten estaremos informando al sector”.

Finalmente valoraron “la ayuda y acompañamiento que hasta el momento hemos tenido de los socios y profesionales”.

HISTORIA DEL CONFLICTO

La entidad transitó los últimos tiempos bajo una fuerte inestabilidad institucional que impidió llevar adelante su normal funcionamiento. Fue por ello, que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Resolución nº 5114 había dispuesto “declarar irregular e ineficaz a los fines administrativos la Asamblea General Ordinaria  celebrada el 15 de marzo de 2016”.

De acuerdo a dicha resolución, la Federación  se encontraba “inmersa en un estado de deterioro institucional que impide su normalización mediante los órganos establecidos estatutariamente”.

De esta forma, la Justicia había considerado “necesaria la designación de una Comisión Normalizadora como una herramienta procedente a reencausar el normal funcionamiento de la institución garantizando el interés individual de cada uno de los socios de la entidad”.

Por ese mismo texto judicial, dicha comisión tiene como mandato realizar “las gestiones necesarias para realizar una asamblea donde se designarán las nuevas autoridades y tratamiento de los ejercicios económicos adeudados, otorgándosele un plazo de 90 días corridos desde la posesión efectiva del cargo”.