El Proyecto que propone desregular la comercialización de combustibles ya está en Diputados
La Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara Baja ya dispone del anteproyecto de Ley. Su presidente Fernando Pino Solanas, se había comprometido frente a los trabajadores a impulsar su tratamiento
La Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados ya dispone del anteproyecto de Ley que propone regular el régimen jurídico de las actividades relativas a los hidrocarburos, combustibles líquidos, gaseosos y sus derivados, y a los hallazgos generadores de energía; como el caso de biodiesel y gas licuado de petróleo.
La propuesta que lleva la autoría del Sindicato de Estaciones de Servicio, establece entre otros apartados la prohibición por parte de las empresas petroleras de explotar comercialmente estaciones de venta de combustibles u otro tipo de distribución minorista, estén destinadas al público en general o a clientes individualmente considerados.
Según afirmaron desde la agrupación gremial, el proyecto cuenta con la venia del titular de la Comisión, Fernando Pino Solanas, quien se había comprometido ante los trabajadores a impulsar su tratamiento apenas el Congreso reinicie sus tareas. Incluso, confían que será discutido durante este año.
Pero no solo Solanas promoverá su discusión en el recinto, también se acoplarán legisladores opositores y del peronismo disidente quienes ya manifestaron su decisión de promover un debate franco acerca de las condiciones de comercialización de naftas y gasoil al mercado interno, especialmente a partir de la crisis de suministro que se desató hace poco más de un mes y que obligó a YPF a importar combustible después de 30 años de autoabastecimiento.
Ese aspecto es abordado de manera pormenorizada por el proyecto en cuestión, ya que ordena a las empresas petroleras a garantizar un suministro de carácter regular y estable a los distribuidores minoristas mediante suministros directos y hasta intervenir los precios de venta al público de los productos derivados del petróleo.
A decir de los impulsores de la propuesta, solo de esta manera se superan las falencias que perjudican el normal funcionamiento de los pequeños centros de distribución de combustible originado por un enorme desequilibrio jurídico-normativo entre las grandes empresas petroleras y las estaciones de servicio. El problema principal se manifiesta toda vez que las expendedoras difícilmente cuentan, en forma permanente, con el mínimo indispensable de combustible para abastecer al consumidor final. Como correlato de ello, puede observarse recaudaciones record para las petroleras y la contracara del cierre de más de dos mil estaciones de servicio pymes, con la consecuente y grave pérdida de puestos de trabajo genuinos en forma directa e indirecta, sostiene la iniciativa.
