07 de febrero de 2018

Reclamo empresario

El aumento de precios reavivó la polémica sobre la posición dominante

El Asesor de la Federación de Entidades de Combustibles, Fabián Alejandro Tobalo, recordó que la entidad viene insistiendo con una denuncia efectuada en el año 2012 en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Por Surtidores

Frente a los reiterados aumentos de precios de los combustibles líquidos, el Asesor letrado de la FEC, Abogado Alejandro Tobalo,  señaló  a surtidores.com.ar, que mientras YPF SA mantenga su posición dominante en el mercado nacional de esos combustibles, con una participación, que llega hasta el 58 por ciento, se encontrará en condiciones de fijar los precios de los mismos, sea a la baja o bien al alza, lo que en los últimos tiempos se ha vuelto frecuente.

“Esto, que implica una continuidad de las políticas llevadas a cabo por la anterior administración, llámese Ministerio de Planificación Federal, demuestra la inacción de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, muy por el contrario de lo que declaró recientemente el Ministro de Energía y Minería, cuando entrevistado en Radio Mitre ante la pregunta de si en el mismo podía haber cartelización, no dudó en afirmar que la CNDC estaba investigando el mercado de combustibles líquidos”, advirtió el experto.

Aseguró el letrado que la cartelización no es necesaria cuando hay un oligopolio de alta concentración donde uno de los oferentes de un producto concentra más de la mitad sobre la oferta total del mercado, como es el caso de YPF SA.

Aseguró que “el oferente que ostenta posición dominante en forma tan extrema, no precisa recurrir a acuerdos con sus competidores, más bien puede operar sobre el mercado prescindiendo de las decisiones de sus competidores e imponiendo sus políticas comerciales al mercado en su conjunto, lo que deriva en una evidente distorsión del sistema de precios”.

De acuerdo a su análisis, esta situación viene ocurriendo con la petrolera estatal, con el agravante de que “desde el año 2012 si bien sigue siendo una sociedad anónima de derecho privado, el Estado nacional posee participación accionaria controlante en la misma, y no es aventurado afirmar que al continuar con el esquema comercial vigente desde la pasada década, las autoridades nacionales continúan violando la Ley de Defensa de la Competencia”.

Tobalo acusó  a la CNDC de no ser un organismo de contralor dotado de autonomía funcional e independencia. “Se convirtió en un simple apéndice subordinado de la Secretaría de Comercio, vale decir, en definitiva, un órgano dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, y en esto se advierte como el Organismo fiscalizador (CNDC) y la empresa que debería ser fiscalizada (YPF SA) se confunden bajo la dirección del Poder Ejecutivo Nacional y de esa manera, el sujeto fiscalizador y sujeto fiscalizado son, en última instancia, la misma persona”.

Por ello, desmintió que los precios de los combustibles sean libres y que por mandato constitucional, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

“Como esto lo hemos denunciado, en el año 2009, dando lugar a la apertura de un sumario por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que a principios del año 2012 admitiendo nuestra denuncia resolvió que debía investigar la actuación de la empresa en el mercado nacional de combustibles líquidos, siendo que más luego hasta el presente ninguna diligencia de averiguación practicó, pese a sus amplias facultades legales al respecto, y pese a nuestros reiterados pedidos de pronto despacho“, agregó.

Tobalo informó que ante la inacción de la CNDC frente a la presentación de FEC (legajo CNDC C1299/2009) se recurrió a la apelación para llevar el caso a la revisión de la Justicia, solicitando a la Cámara de Apelaciones no solo que ordene a la CNDC sustanciar el sumario pendiente, sino que asimismo confiera intervención a la Justicia penal para la averiguación del posible delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.

Alertó el abogado que hoy el público consumidor de combustibles líquidos paga el precio que unilateralmente fija YPF SA, sin que pueda hablarse de libre concurrencia, dado que las prácticas comerciales de alineamiento vertical de precios mediante su extensa red de venta, propia y consignada, realiza la captación de una exorbitante cuota del mercado, discriminación arbitraria de precios por región, con independencia de los costos de transportes y  abastecimiento preferente hacia sus bocas propias y las de su controladas.

Al ser consultado sobre la situación de las restantes petroleras expresó que no poseen capacidad para incidir en la formación de los precios, “dada la asimetría que evidencia la comparación de sus reducidas cuotas de mercado con la desmesurada porción controlada por la firma YPF SA”.

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