Tras la polémica suscitada por la baja de las pensiones por discapacidad, diputados del Frente para la Victoria propusieron a través de un Proyecto de Ley (3246-D-2017) la exención del pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles a personas con discapacidad debidamente certificada; al padre, madre, tutor o curador que se encuentre a su cargo y a las instituciones asistenciales que se dediquen a la rehabilitación sin fines de lucro.

La propuesta consiste en agregar un inciso al artículo 7 de la Ley 23.966, sancionada en 1991, que hace mención a las exclusiones. En todos los casos, el beneficio es para aquellos que posean la titularidad de un vehículo automotor.

“Partimos de la base de que si bien una persona que posee la propiedad de un vehículo automotor no es una persona en situación de vulnerabilidad económica, los gastos y circunstancias que se derivan de su situación de discapacidad, suelen ser un escollo para el desarrollo de su autonomía personal y su inclusión social”, expresaron. “Pensamos en aquellas personas con discapacidad que conducen su propio automóvil, o bien en aquellas otras que tienen a su cargo a una persona con discapacidad que deben trasladar, la mayoría de las veces para recibir tratamientos médicos o terapias de todo tipo”, agregaron.

También incluyen entre los beneficiarios de la presente ley a aquellas instituciones, que sin perseguir fines de lucro, realicen algún tipo de actividad terapéutica y deban trasladar a las personas con discapacidad en vehículos, para disminuir el costo que este traslado significa.

“Para aliviar en alguna medida los gastos que se derivan o no de la condición de discapacidad, es que pensamos que el estado debe estar presente a través de políticas públicas para facilitar el diario accionar de las personas con discapacidad y sus familias. El reducir el costo del combustible es una de estas políticas públicas, como lo es la gratuidad de los pasajes en el transporte de corta, media y larga distancia, o la exención del cobro del peaje”, afirmaron los legisladores.

En ese sentido, subrayaron que “medidas de esta naturaleza contribuyen a fortalecer los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), aprobada por la Ley 26.378 (2008) y con rango constitucional otorgado por la Ley 27.044 (2014), al abordar la discapacidad desde una dimensión más amplia, en pos de su autoafirmación y empoderamiento como ciudadanas y ciudadanos”.