“En cualquier ámbito colectivo, como un establecimiento industrial o comercial, donde interactúan diversos sujetos, nadie está exento de verse arrastrado a una riña por una agresión injusta y la mera reacción ante ella no puede ser entendida como contraria a derecho”.

Ese fue el razonamiento que propició la Sala VIII de la Cámara del Trabajo al confirmar una sentencia que hizo lugar a una demanda por despido injustificado iniciada por un empleado que fue despedido tras una “riña” con un compañero de trabajo.

En el expediente –según relata el medio DiarioJudicial.com-, se comprobó que el actor había sido víctima de una “broma” por parte de un compañero y que reaccionó de mala manera. Incluso el “bromista” – que había sido sancionado con un día de suspensión- a la hora de prestar testimonio, admitió que lo provocó, y en la causa se comprobó que “era costumbre” de este “realizar chistes, bromas y provocar a su sus compañeros“.

Tras analizar el contexto del caso, donde el empleado despedido tenía 20 años de antigüedad y no tenía antecedentes disciplinarios, el juez de Primera Instancia concluyó que si bien el actor no adecuó su conducta a la de un “buen trabajador”, y se “habría excedido en la legítima defensa”, no era menos cierto que la empleadora  le pudo haber aplicado una sanción disciplinaria antes que despedirlo, por lo que determinó que se trató de un despido injustificado.

El caso contrasta la decisión de otro Tribunal que avaló el despido de un empleado de una estación de servicio que insultó a un compañero. Los magistrados tuvieron en cuenta no sólo la gravedad de la situación, sino que la propia empresa efectuó una investigación interna para resolver de la manera más adecuada el caso.

El hecho ocurrió durante el cambio de turno, cuando dos trabajadores -que se conocían con anterioridad al ingreso de ambos en la empresa- comenzaron a increparse. Lo que parecía un simple enojo se transformó en una discusión acalorada que alcanzó su punto más alto cuando uno insultó al otro diciéndole “te voy a bajar los dientes“.

El agredido se retiró del lugar para tratar de calmar las aguas y dar por finalizada la discusión. Sin embargo, el otro lo persiguió y le dijo “sos un muerto de hambre, el trabajo te lo conseguí yo y te voy a c… a trompadas“.

Luego de esos hechos, el presunto agresor pidió vacaciones, que le fueron otorgadas. En tanto, el destinatario de los insultos envió un telegrama a la empresa donde le comunicó a su empleador que había sufrido en forma reiterada malos tratos por parte del encargado e intimó a la firma para que se pusiera fin a tal conducta.

La empresa, por intermedio de su presidente, tomó declaración a los testigos de la discusión, por lo que decidió despedir con justa causa al agresor.

Como no le pagaron una indemnización, el despedido se presentó ante la Justicia para cuestionar la decisión y reclamar un resarcimiento como si se tratara de un despido sin justa causa. Entre otras cuestiones, sostuvo que no se le explicó de manera concreta y adecuada cuál fue la causal que se tuvo en cuenta para llegar a tal decisión.

El juez de primera instancia consideró injustificada la decisión empresarial y le quitó gravedad a la discusión. A causa de esta sentencia, la empresa se presentó ante la Cámara de Apelaciones donde indicó que “dada la gravedad de los hechos cometidos por el dependiente, éste no podía ignorar la causal invocada en la comunicación rescisoria“.

Los camaristas destacaron que “las declaraciones de los testigos, valoradas a la luz de la regla de la sana crítica, son demostrativas de que el reclamante efectivamente insultó -con términos soeces de elevado tono- y amenazó con agredir a un compañero en su lugar de trabajo, sin que existan indicios de que fuera éste quien lo incitara a iniciar la discusión“.

“El buen trato es esencial en cualquier organización (grande o pequeña), y las desinteligencias que pueden suscitarse con motivo del trabajo deben ser encaradas por los interesados dentro de dichas limitaciones“, agregaron.

En ese sentido, remarcaron que “las agresiones verbales, del tipo y tenor de las comprobadas, y las amenazas deben quedar descartadas, y quien las inflige torna por su culpa insostenible la prosecución del contrato de trabajo“.

En base a estos argumentos, los camaristas consideraron que se llevó a cabo una inconducta más que suficiente para justificar la sanción impuesta por el empleador.