Las estaciones de Buenos Aires solicitan eliminar la exención… ¿Qué posición tiene la entidad?

En principio no es una información sorpresiva, desde hace tiempo los empresarios de estaciones de servicio de las provincias limítrofes, principalmente Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, vienen planteando el tema a nivel nacional. Siempre que por norma se establece un límite geográfico para un determinado beneficio, surgen problemas de frontera. En este caso, las estaciones limítrofes de las otras provincias se vieron perjudicadas por esta medida, redujeron sus ventas desde la implementación de la exención, eso es una realidad que debemos abordar de manera colectiva. Desde CECLA hemos gestionado con algunas banderas petroleras para que puedan mejorar los márgenes de las empresas limítrofes, en eso venimos trabajando desde hace unos meses.

Si bien están en su derecho, es importante mencionar que la exención no beneficia de manera directa a los empresarios locales, la mejora en la disminución de los precios corrientes es para el consumidor pampeano por pertenecer a la zona patagónica. No se puede tomar una medida en contra de la población por el beneficio de unos relativamente pocos empresarios, me parece que en este aspecto la demanda tiene su punto débil.

Impactó fuerte en las estaciones bonaerenses…

Las estadísticas de venta marcan una caída más importante que la baja nacional en las zonas limítrofes. Obviamente que el consumidor final y los que tienen como principal insumo de la actividad económica el gasoil se ven tentados a comprar en La Pampa. Esto es propio de este tipo de límites, no se puede manejar. Lo que si hay que saber es que los productores y transportistas que compren combustibles exentos tienen que estar habilitados, y solamente lo pueden hacer si están radicados en la zona exenta. Esto deja fuera la posibilidad de la migración de la demanda de los empresarios productivos de las provincias limítrofes hacia La Pampa. La gravedad a nivel empresa depende de varios aspectos, es real que la baja de las ventas, acompañada por el incremento de los costos operativos, la mano de obra y los servicios, es un combo complejo de sostener en el tiempo.

 ¿Se puede retrotraer el beneficio fiscal?

Es difícil, pero no imposible. Derogar una Ley que le otorga beneficios a parte de una población con el justificativo de beneficiar a un grupo de empresarios me parece disparatado. Por lo menos es difícil de sostener y argumentar. Pero sabemos que estamos en Argentina, en un contexto de cambio de Gobierno que puede dar lugar a cualquier cosa. El lobby por parte de los empresarios existe y está vigente desde hace unos meses, diputados y senadores nacionales están trabajando en proyectos de Ley que atiendan el reclamo empresarial. Será cuestión de empezar a juntarnos los actores provinciales para preparar los argumentos necesarios para defender la Ley.

Diputados y senadores provinciales deben tomar la posta, es importante que nos juntemos a trabajar en conjunto para consensuar una estrategia común. También el Gobernador y sus funcionarios deberían tomar cartas en el asunto, haciendo las gestiones y presentaciones necesarias para sustentar la idea de continuidad de la exención. Para una provincia como la nuestra los argumentos sobran, políticamente somos Patagonia, geográficamente pertenecemos a un territorio que tiene condiciones desfavorables y estas medidas son un estímulo para el desarrollo.

¿Se verían perjudicados los operadores de La Pampa?

El perjuicio principal es para el poblador de La Pampa, el estacionero no ha mejorado sustancialmente su situación por esta medida. El que va a terminar pagando más el combustible es el ciudadano de a pié, que viene castigado por un contexto macroeconómico desfavorable, con caída del poder adquisitivo. Obviamente que volver para atrás con la exención del ITC implicaría una caída importante en la demanda y eso condicionaría la sostenibilidad de las empresas locales, de los puestos laborales y los ingresos del fisco provincial. También se vería perjudicado el sector productivo pampeano, los productores agropecuarios, los transportistas, la industria y los servicios verían incrementados sus costos en un porcentaje importante.