El gobierno de Michel Temer anunció el pasado 20 de julio un aumento en los impuestos sobre combustibles, con el objetivo de recaudar 10.400 millones de reales (3.270 millones de dólares) extra para cumplir la meta de déficit primario de este año, de 139.000 millones de reales (43.710 millones de dólares).

El nuevo porcentaje elevó el precio del combustible en refinerías, con un aumento estimado de 0,41 reales (0,22 dólares) por litro en Estaciones de Servicio, sobre un precio medio de 3,2 reales (1 dólar) el litro de nafta.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, el aumento es indispensable para cubrir la brecha fiscal, además de que no descartó nuevas alzas de impuestos.

Tras el anuncio, numerosas entidades empresariales criticaron duramente la medida, al afirmar que atrasará la recuperación económica en ese país después de más dos años de recesión.

La mayor y más influyente cúpula patronal del país carioca rechazó la subida impositiva con la colocación de enormes patos amarillos en la puerta de su sede, situada en pleno corazón financiero de Sao Paulo. Bajo la consigna “no voy a pagar el pato”, la Fiesp mostró su indignación a la medida tomada por el gobierno de Temer que lejos de resolver la crítica situación de la economía nacional, la agravará.

Según el dictamen del juez Renato Borelli, el gobierno no puede aumentar los impuestos sobre los combustibles por decreto, sino que debe hacerlo a través del proceso legislativo. Consideró que si bien el Estado tiene la potestad de alterar tributos, la Constitución impone un plazo de 90 días para que una medida de esa naturaleza entre en vigor, lo que en este caso ocurrió de forma inmediata.

“El instrumento legislativo adecuado a la creación y aumento de un tributo es, sin excepción, la ley”, señaló. El gobierno, sin embargo, podrá apelar la decisión judicial en una instancia superior.