Los altos precios del crudo local y el contexto internacional que favorece las importaciones de combustibles provocaron el desequilibrio de la industria hidrocarburífera autóctona y como consecuencia la inestabilidad de miles de puestos de trabajo dedicados a la actividad petrolera.

Esta situación impacta también al sector de las estaciones de servicio que ven cómo sus propios proveedores, sobrestockeados de producto, les arrebatan clientes atendiéndolos de manera directa a precios más acomodados y en condiciones mucho más ventajosas.

Para paliar esta difícil coyuntura, el Senador Nacional y gremialista petrolero, Guillermo Pereyra, presentó un Proyecto de Ley con el fin de declarar por el plazo de 180 días la emergencia en el sector hidrocarburífero argentino. Consiste en prohibir, durante su vigencia, la importación de gas oíl, diesel oíl, naftas y de petróleo crudo y sus derivados. El Poder Ejecutivo Nacional, solo podrá autorizar cupos de importación de dichos productos de mediar agotamiento del stock de producción nacional.

Pereyra sostiene que la coyuntura de caída de precios de los hidrocarburos a nivel internacional ha afectado sensiblemente la actividad productiva local y atenta contra la soberanía hidrocarburífera, transformando prácticamente en utópico el logro del objetivo del mentado autoabastecimiento.

“La importación de combustibles líquidos a precios inferiores a los del mercado interno afecta además las actividades de exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos con fuerte impacto en el desarrollo económico y la creación de empleo, redundando en la significativa pérdida de puestos de trabajo y de la competitividad de los diversos sectores económicos”, alertó.

“Dadas las circunstancias actuales, nos encontramos ante la paradoja de producción local excedente y la importación de productos refinados del exterior”, explica Pereyra. “Asimismo es importante destacar que la caída de producción, venta y consumo de combustibles líquidos locales repercute sensiblemente en la liquidación de regalías a las provincias productoras. A menor producción, menores ingresos”, expresó.

Teniendo en consideración lo expresado, el legislador reclama que la importación sólo podrá ser autorizada por el PEN previa verificación del agotamiento del stock local y con destino a compensar las diferencias entre la capacidad instalada de elaboración de combustibles respecto de la demanda total nacional.

“La importación de crudo y de gas oíl se está haciendo libremente como si se tratara de cualquier otro producto, piden autorización a la aduana e importan. La autoridad de aplicación (Secretaria de Hidrocarburos) no interviene. Las empresas importan crudo liviano o gas oíl y la única obligación que tienen es informar a la Secretaría de Energía la compra dentro de los 15 días de recibido el producto”, advirtió Pereyra.

En ese sentido denunció que si bien la importación de crudo es un buen negocio, es aún mejor el de la importación de gas oíl grado 3, ya que las empresas lo compran a 11 pesos precio final incluido impuestos y lo están vendiendo en el mercado local a 18.

“Para ilustrar con datos podemos decir que la importación de gasoil en un comparativo entre enero y agosto de 2015 y el 2016, ha aumentado un 27 por ciento y algunas empresas, por ejemplo Shell, ha aumentado un 235, ESSO, un 61 e YPF, un 16 por ciento”, puntualizó Pereyra finalmente.