06 de junio de 2017

Luis Vicat, Especialista en Seguridad

Opinión: “La seguridad en Estaciones de Servicio debe ser prioridad del Estado”

La polémica ley que obligará a los playeros a enfrentar hipotéticos casos de “motochorros” en caso de no permitir la carga de combustible a motociclistas sin identificación obligatoria, continúa generando cuestionamientos de los especialistas

Por Surtidores

En diálogo con surtidores.com.ar, el Especialista en Seguridad, Dr. Luis Vicat, aseguró que el Estado Provincial y las concesionarias de autopistas son los responsables de invertir los gastos en seguridad que protejan a los establecimientos expendedores de combustibles.

Al respecto, profundizó el abogado penalista que “ante el riesgo serio que corren los encargados y empleados de bocas de expendio por el hecho de ser obligados a cumplir con una ordenanza, las autoridades deben implementar soluciones estratégicas proactivas que defiendan a las posibles víctimas del delito”.

Recalcó que las Estaciones de Servicio deben ser consideradas dentro de la “Teoría del riesgo creado”, como se considera también a los bancos y otras entidades expuestas a la inseguridad por el movimiento de dinero en efectivo.

Por ello, el experto dijo que en el caso de las sucursales financieras, el costo de mantener un policía y una estructura antidelictiva, preventiva y represiva, corre por parte de los bancos, ya que tienen el dinero necesario para cumplir con estas condiciones.

No obstante consideró Vicat, que las expendedoras sufren riesgos muy parecidos al de las sucursales bancarias, “pero los encargados de cubrir esas estructuras para brindar seguridad integral, es el Estado por un lado, y los concesionarios de autopistas y rutas en donde se encuentren los locales, ya que el sistema de protección ante el riesgo creado debe implementarse sin costo alguno para el estacionero”, sostuvo.

De acuerdo a la opinión del penalista, “las Estaciones de Servicio que se ubican en rutas y autopistas, deben recibir estos sistemas por cuenta y cargo de los concesionarios viales mientras que en zonas inseguras donde el mapa del delito muestra robos reiterados, será la municipalidad o el gobierno provincial quien deba proveer de la policía y las normas necesarias”.

Se preguntó con preocupación además: “¿Quién se hace cargo de lo que se puede transformar en un accidente de trabajo en condiciones de peligro creadas por el mismo estado, cuando un motochorro le dispare a quemarropa a un playero porque se negó a cargarle combustible para cumplir con el decreto?”.

Finalizó diciendo que la única manera de terminar con los delitos en moto o en automóviles robados, pasa por un sistema de seguridad estatal, que abarque además una Inteligencia criminal preventiva, con actualización permanente, para privilegiar la seguridad y colocar como alta prioridad dentro del esquema de objetivos a proteger a las Estaciones de Servicio.

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