La normativa establece dos opciones para garantizar la cobertura del daño al medio ambiente que provoca la comercialización de combustibles: contratar un seguro de caución, que es el único vigente y adjudica el costo al operador, o el seguro de responsabilidad por daño de Incidencia Colectiva, que hasta ahora ninguna compañía se anima a ofrecerlo. Las petroleras desligan su responsabilidad sobre el asunto